Urtasun anuncia nuevos descuentos en museos y teatros en su plan de derechos culturales

Después de un año de trabajo, y camino de los dos años en el Ministerio de Cultura, Ernest Urtasun presentó este martes por fin su plan de derechos culturales, una línea de trabajo que viene para atravesar todas las estructuras del departamento… hasta 2030. Mucho más allá de una legislatura que desde hace semanas está más en el aire que nunca. «Es un proyecto de Estado», según Jazmín Beirak, directora general de Derechos Culturales, aunque solo seis comunidades autónomas se han implicado con propuestas en la elaboración de este plan. El proyecto cuenta con un presupuesto de 79,3 millones de euros hasta 2027 para desarrollar un total de 147 medidas, cien de ellas en esta legislatura.

De todas ellas, la que tendrá un impacto más inmediato será la introducción de nuevos descuentos en los equipamientos del Ministerio de Cultura a las familias monoparentales y a las personas con discapacidad a partir del 25 por ciento. Estas ampliaciones de los descuentos se aplicarán a partir de 2026 en los organismos dependientes del ministerio; esto es, los 16 museos estatales, los teatros del Inaem, la Biblioteca Nacional, los archivos… ¿Entran en esta categoría los museos del Prado, Reina Sofía y Thyssen? De entrada, no, pero la Dirección General de Derechos Culturales trabajará con estas instituciones para incluirlas. Se espera ponerlo en marcha en 2026.

Quienes no se integran en estos planes son las comunidades autónomas ni los ayuntamientos, que son las instituciones que más oferta cultural ofrecen a lo largo del país. Cultura espera convencer a las administraciones regionales y locales con el ejemplo. De momento, en estos meses de trabajo, el ministerio solo ha conseguido que seis comunidades se impliquen en la elaboración de este plan presentando propuestas: Aragón, Murcia, Canarias, Asturias, Cataluña y País Vasco. Faltan Andalucía y Madrid, dos de las comunidades con mayor peso cultural del país, ambas gobernadas por el PP. El consejero de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, se ha mostrado siempre muy crítico con estos planes. El ministerio, no obstante, sostiene que en las conferencias sectoriales el diálogo ha sido satisfactorio.

Sumar –y en su nombre Urtasun– llegó al Ministerio de Cultura, tras haber prometido en campaña una nueva ley de Derechos Culturales. Esta ley, si llega, será en otra legislatura. Jazmín Beirak, al frente de una nueva dirección creada con este ministro, dice que ha preferido apostar por desarrollar una serie de medidas de impacto inmediato para ir abonando el terreno a una futura ley: son «trabajos preparatorios», dijo. De las 147 medidas anunciadas, 100 son para llevarlas a cabo hasta 2027, con la filosofía de que la cultura «es un derecho humano fundamental y un bien común». Este ministerio entiende que el acceso a la cultura está limitado por desequilibrios territoriales, brechas de género o cuestiones étnicas.

Entre ese centenar de medidas que el Ministerio de Cultura por fin ha puesto sobre la mesa –la previsión inicial era hacerlo en mayo–, destacan algunas como un programa de intervención cultural en el ámbito penitenciario dirigido a mujeres o un refuerzo del bono cultural joven para facilitar su acceso a jóvenes con menores ingresos, en situación de vulnerabilidad o que viven en zonas con menor oferta cultural. En materia linguística, se introducirán criterios de discriminación positiva para el fomento de las lenguas estatutarias, no solo oficiales, diferentes al castellano en las ayudas. También habrá un reconocimiento del romaní y del caló impulsando su inclusión en la Carta Europea.

Otras líneas de trabajo ya se han iniciado: la introducción de criterios de género en las convocatorias de subvenciones, la oficina de atención a víctimas de violencia machista o la descolonización de los museos de América y de Antropología. Urtasun quiere cambiar las museografías de estos dos centros para que se ajusten mejor a su manera de entender la cultura.

De esos 79,3 millones de euros presupuestados hasta 2027, 66,2 irán destinados a líneas de ayudas: algunas de nueva creación, y otras que ya se han lanzado. Una de ellas cuenta con una partida de 4,5 millones de euros para «proyectos culturales con especial impacto social», cuyos requisitos se alinean con las líneas programáticas de Sumar. «Hemos recibido 1.065 solicitudes, lo que demuestra que era una necesidad», dijo Beirak. Cultura ha transferido 4 millones a las comunidades autónomas para proyectos culturales en el medio rural. Desde junio hay en marcha una línea de ayudas de 1 millón de euros para asociaciones culturales y sindicatos.

Hay en este proyecto también medidas que afectan a otros ministerios. Por ejemplo, el Estatuto del Artista. El ministerio sigue diciendo que liderarán los trabajos para terminar de ejecutar esta carta de derechos para los profesionales de la cultura, pero no depende de Cultura. Igualmente, Urtasun pretende adecuar la ley de contratación pública al sector cultural. Tampoco depende del ministro. Cultura trabaja asimismo en un Código de Buenas Prácticas que se pueda aplicar a todas las instituciones culturales bajo «criterios éticos, de transparencia, respeto a la independencia artística y reconocimiento del trabajo profesional».

Según Urtasun, la presentación de esta línea de trabajo supone un «hito». El ministerio presume de ser el primer país en Europa en trabajar en este sentido, algo que sí han hecho algunos países de Latinoamérica. En un acto organizado en el jardín del Reina Sofía, el ministro se felicitó de haber podido «parar el balón»: «En España nos falta una cierta visión a largo plazo. Nos hemos parado conjuntamente a pensar cómo queremos que sean las políticas públicas en los próximos 10-15 años». Pero esto va más allá de un proyecto, dijo, se trata de un plan de acción: «Allí donde hay desigualdad social existe también una profunda fractura en el acceso a bienes, saberes, recursos y prácticas culturales, y este plan propone medidas específicas para coser esa brecha y ahondar en la democratización de la cultura».