¿Prohibir los teléfonos inteligentes en las escuelas en Portugal?

En cuanto a la prohibición de teléfonos móviles en las escuelas, el Consejo de Ministros ha promulgado la recomendación emitida a principios del curso escolar, que ahora está en proceso de convertirse en ley. Es decir, el Gobierno ha decidido prohibir el uso de teléfonos móviles en las escuelas a los alumnos de 1.er y 2.º ciclo de educación. ¿Cuál es la base científica de esta decisión?

Para respaldar esta decisión, los medios de comunicación citan un estudio aún no público, realizado en escuelas que han prohibido el uso de teléfonos móviles. De hecho, todas las noticias que leímos sobre el tema solo mencionaron la existencia de un estudio, aportando únicamente algunos datos que supuestamente respaldan la decisión, sin aportar más información, salvo algunos datos comparativos.

Según la declaración del Ministro de la Presidencia a los medios, el estudio fue desarrollado por PLANAPP (Centro de Planificación y Evaluación de Políticas Públicas). Sin embargo, según lo que pudimos determinar, el estudio se basó en un cuestionario extenso —y, según algunas fuentes, mal elaborado—, destinado a ser completado por Directores y Jefes de Asistentes Operativos, cuya cumplimentación fue incentivada por la DGEstE (Dirección General de Establecimientos Escolares). No se dispone de información sobre qué centros educativos respondieron a la encuesta, el tamaño y las características de la muestra, ni si solo se encuestó a los centros que adoptaron voluntariamente la prohibición de teléfonos móviles o a los que no la adoptaron.

El estudio no fue publicado, ni tampoco el cuestionario en que se basó, quiénes fueron sus autores, si el estudio fue sometido a revisión por pares, qué escuelas fueron encuestadas, si hubo escuelas que no adoptaron la prohibición actuando como grupo de control para que pudiéramos comparar los resultados con las escuelas que adoptaron la prohibición, y qué indicadores pasados ​​y presentes se utilizaron para afirmar que “la mitad de las escuelas que prohibieron los teléfonos móviles registraron una 'reducción sustancial' en la indisciplina y el acoso escolar ”.

También es importante saber cómo se estableció la correlación directa entre estos factores. Por ejemplo, hipotéticamente, no es porque haya más delitos en verano ni porque se venda más helado en verano que podemos afirmar que el consumo de helado es responsable del aumento de la delincuencia en verano.

Por otro lado, en todos los colegios que hemos visitado en los últimos tres años, ninguno contaba con datos objetivos sobre casos de acoso escolar en su centro. Por lo tanto, a falta de la información mencionada, tendemos a creer que la «reducción sustancial del acoso escolar» es una «conjetura».

Finalmente, cuestionar solo a directores y jefes de asistentes operativos significa escuchar solo a los responsables de la decisión e implementación de la medida. Es como decidir por cuenta propia. ¿Y por qué no se escuchó al resto de la comunidad escolar? ¿Y qué hay del profesorado? ¿Y de los padres? ¿Y del alumnado, que son los principales afectados por la medida? ¿Se sigue ignorando su derecho a ser escuchados, consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño? ¿Cómo podemos esperar que se adhieran a la medida si los adultos no quieren que formen parte de la solución?

En nuestra opinión, es necesaria una evaluación externa e independiente –PLANAPP y DGEstE son órganos estatales– para garantizar la imparcialidad de los resultados.

Cabe señalar que no estamos a favor del uso indiscriminado e irrestricto de teléfonos móviles en las escuelas. Lo que no compartimos es la opción de prohibirlos por completo, sobre todo sin escuchar a los más afectados por la decisión: el alumnado.

Queda por ver cómo se implementará la medida, algo que, según el Ministerio de Educación y Ciencia, sabremos la próxima semana.

Finalmente, el Ministro de Educación y Ciencia ha declarado públicamente que valora las decisiones basadas en la ciencia. Esta falta de transparencia no nos parece la mejor manera de definir políticas basadas en la ciencia.

* Cofundadores del proyecto Agarrados à Net